Esta ley es puramente recaudatoria, que no implica una gestión más eficaz del agua. No entendemos como en este momento, con 118.000 parados en la provincia y más de un millón en Andalucía, desde la Junta se suben los impuestos, atentando contra los ciudadanos y contra los sectores productivos de la economía andaluza.
El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Córdoba, Luis Martín, ha anunciado que su grupo defenderá a los ciudadanos de la provincia cordobesa ante los agravios y lesiones de la Ley de Aguas para Andalucía.
“Esta ley lesiona el principio de autonomía local consagrado en la CE y en la Carta Europea de Autonomía Local, al afectar a una competencia propia y servicio mínimo obligatorio atribuido a los municipios, aplicando un canon al que obliga la Junta de Andalucía para financiar obras de depuración de competencia autonómica”, afirma Martín.
Desde el Grupo Popular entendemos que esta ley es puramente recaudatoria, que no implica una gestión más eficaz y austera del recurso, y que consolida un entramado burocrático injustificadamente extenso y por la propia indefinición del texto, profundamente ineficaz.
La Junta de Andalucía persigue con esta ley la creación de nuevas figuras tributarias de manera meramente recaudatoria sin priorizar por ejemplo en el ahorro del consumo de agua. A partir de ahora en Andalucía tendremos el canon de mejora (local), el canon de mejora para infraestructuras de depuración (autonómico) y el canon de servicios generales, además del canon de regulación y tarifa de utilización del agua.
Además la propia Diputación Provincial de Córdoba subirá el precio del agua y sigue manteniendo el canon propio de depuración /vertido, comenta el portavoz popular. El canon de depuración de la Junta, que entra en vigor el 1 de enero de 2011, servirá para financiar las depuradoras y colectores supramunicipales que sean declarados obras de interés por la comunidad andaluza.
Para Luis Martín, “la gran novedad es que las perdidas también tributarán, y los municipios pierden la posibilidad de desarrollar su suelo y las ayudas para la mejora de infraestructuras de la Junta, debiendo además redactar y ejecutar un plan de actuación para mejorar el rendimiento”.
El canon de servicios generales entrará en vigor en un año para financiar los gastos de la administración andaluza del agua, y sin embargo se no contempla como se van a financiar las infraestructuras necesarias para el abastecimiento en alta (fuentes de suministro, transporte, potabilización y almacenamiento), ni para la prevención de inundaciones.
“No podemos entender como en este momento, con 118.000 parados en la provincia de Córdoba y más de un millón en Andalucía, desde la Junta de Andalucía se suben los impuestos, atentando contra los ciudadanos, contra los sectores productivos de la economía andaluza, de forma especial a la agricultura, a la industria y al turismo, entre otros”, afirma Martín.
Consideramos que este nuevo “impuesto” es doblemente injusto, porque por un lado afectará claramente a todos los andaluces, pero también gravará más a las clases más desfavorecidas, independientemente de cuáles sean sus ingresos o independientemente de si tiene una vivienda unifamiliar o plurifamiliar, porque a todos los ciudadanos se les cobrará por igual con una cuota fija de 1 euro al mes.
Desde el Grupo Popular creemos que no es razonable que se pretenda cobrar un nuevo impuesto, cuando además la Agencia Andaluza del Agua no ejecuta ni siquiera sus propios presupuestos. En concreto, la Agencia Andaluza del Agua, desde su creación en el ejercicio 2005 hasta diciembre de 2009 ha dejado de ejecutar la nada despreciable cantidad de 800 millones de euros, aproximadamente.
Además, en esta ley no se establecen mecanismos de compensación para aquellos municipios que han efectuado las inversiones necesarias en construcción o ampliación de depuradoras con cargo a tarifa o a sus recursos propios. “Serán estos Ayuntamientos los que tengan que pagar la mala gestión efectuada por la Junta de Andalucía en éstos últimos años”, afirma martín.
Por esto el Partido Popular propone rechazar la aplicación de la ley de Aguas para Andalucía, por atentar contra la autonomía local, además queremos mostrar nuestro apoyo a los ayuntamientos de la provincia que han iniciado la tramitación de un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, y distintas actuaciones judiciales, solicitando igualmente la suspensión de su aplicación, finaliza el portavoz popular.
El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Córdoba, Luis Martín, ha anunciado que su grupo defenderá a los ciudadanos de la provincia cordobesa ante los agravios y lesiones de la Ley de Aguas para Andalucía.
“Esta ley lesiona el principio de autonomía local consagrado en la CE y en la Carta Europea de Autonomía Local, al afectar a una competencia propia y servicio mínimo obligatorio atribuido a los municipios, aplicando un canon al que obliga la Junta de Andalucía para financiar obras de depuración de competencia autonómica”, afirma Martín.
Desde el Grupo Popular entendemos que esta ley es puramente recaudatoria, que no implica una gestión más eficaz y austera del recurso, y que consolida un entramado burocrático injustificadamente extenso y por la propia indefinición del texto, profundamente ineficaz.
La Junta de Andalucía persigue con esta ley la creación de nuevas figuras tributarias de manera meramente recaudatoria sin priorizar por ejemplo en el ahorro del consumo de agua. A partir de ahora en Andalucía tendremos el canon de mejora (local), el canon de mejora para infraestructuras de depuración (autonómico) y el canon de servicios generales, además del canon de regulación y tarifa de utilización del agua.
Además la propia Diputación Provincial de Córdoba subirá el precio del agua y sigue manteniendo el canon propio de depuración /vertido, comenta el portavoz popular. El canon de depuración de la Junta, que entra en vigor el 1 de enero de 2011, servirá para financiar las depuradoras y colectores supramunicipales que sean declarados obras de interés por la comunidad andaluza.
Para Luis Martín, “la gran novedad es que las perdidas también tributarán, y los municipios pierden la posibilidad de desarrollar su suelo y las ayudas para la mejora de infraestructuras de la Junta, debiendo además redactar y ejecutar un plan de actuación para mejorar el rendimiento”.
El canon de servicios generales entrará en vigor en un año para financiar los gastos de la administración andaluza del agua, y sin embargo se no contempla como se van a financiar las infraestructuras necesarias para el abastecimiento en alta (fuentes de suministro, transporte, potabilización y almacenamiento), ni para la prevención de inundaciones.
“No podemos entender como en este momento, con 118.000 parados en la provincia de Córdoba y más de un millón en Andalucía, desde la Junta de Andalucía se suben los impuestos, atentando contra los ciudadanos, contra los sectores productivos de la economía andaluza, de forma especial a la agricultura, a la industria y al turismo, entre otros”, afirma Martín.
Consideramos que este nuevo “impuesto” es doblemente injusto, porque por un lado afectará claramente a todos los andaluces, pero también gravará más a las clases más desfavorecidas, independientemente de cuáles sean sus ingresos o independientemente de si tiene una vivienda unifamiliar o plurifamiliar, porque a todos los ciudadanos se les cobrará por igual con una cuota fija de 1 euro al mes.
Desde el Grupo Popular creemos que no es razonable que se pretenda cobrar un nuevo impuesto, cuando además la Agencia Andaluza del Agua no ejecuta ni siquiera sus propios presupuestos. En concreto, la Agencia Andaluza del Agua, desde su creación en el ejercicio 2005 hasta diciembre de 2009 ha dejado de ejecutar la nada despreciable cantidad de 800 millones de euros, aproximadamente.
Además, en esta ley no se establecen mecanismos de compensación para aquellos municipios que han efectuado las inversiones necesarias en construcción o ampliación de depuradoras con cargo a tarifa o a sus recursos propios. “Serán estos Ayuntamientos los que tengan que pagar la mala gestión efectuada por la Junta de Andalucía en éstos últimos años”, afirma martín.
Por esto el Partido Popular propone rechazar la aplicación de la ley de Aguas para Andalucía, por atentar contra la autonomía local, además queremos mostrar nuestro apoyo a los ayuntamientos de la provincia que han iniciado la tramitación de un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, y distintas actuaciones judiciales, solicitando igualmente la suspensión de su aplicación, finaliza el portavoz popular.
