La huelga general es un derecho, pero en estos momentos perjudica los intereses de empresas y trabajadores. El PSOE, responsable de la situación de España, hace huelga en vez de trabajar y ayudar a salir de la crisis
Como no puede ser de otro modo, respetamos el derecho a la huelga, pero creemos que la huelga es lo menos conveniente para este país en estos momentos, en los que a todos, y muy especialmente a los agentes políticos y sociales, se nos debe exigir la máxima responsabilidad.
Necesitamos medidas, soluciones, propuestas y actuaciones que sirvan para crear empleo y para sacar a España de la crisis. No hay ninguna huelga general que haya creado un solo puesto de trabajo, y ahora mismo no hay política más importante que la creación de empleo. Los sindicatos deben compartir esta opinión, ya que las huelgas generales en nada ayudan a los trabajadores y a los desempleados.
La huelga es un derecho reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española. Es un derecho que garantiza la libertad tanto de aquellos que pretenden secundarla como la de los que no quieran hacerlo, por tanto cada uno es libre de acudir o no a la convocatoria y nadie debe imponer su decisión al resto.
La huelga general es mala para nuestro país porque va a dañar al tejido productivo español. Va a hacer que se pierda dinero y competitividad en las empresas, y va a perjudicar los intereses de las empresas y de los propios trabajadores.
Es lamentable e irresponsable la actitud del PSOE, que ahora apoyan huelgas y critican la labor del Ejecutivo de Rajoy, mientras que durante siete años sus errores, inacción y despilfarro hundieron a España en la crisis económica y dejaron a más de cinco millones de españoles sin puestos de trabajo, y un país que gastaba cada año 90.000 millones de euros más de los que ingresaba.
El Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy están haciendo todos los esfuerzos para sacar a España de la crisis en la que nos dejó el PSOE, peleando día a día en Europa y en España.
La huelga general perjudica a España y a su imagen en el exterior, clave en la confianza que se puede generar en inversores extranjeros, cuando de lo que se trata es de que vayamos juntos en los mismos objetivos.
Los sindicatos están en su derecho de convocar una huelga general, pero hay que recordar que, con éste, ya serán dos paros generales que se le hacen al gobierno de Mariano Rajoy en menos de un año, lo que contrasta con todos aquellos años en los que miraban para otro lado cuando el Gobierno anterior, de Zapatero y Rubalcaba, nos llevaba al desastre. Lo que hay que hacer es trabajar para salir de la crisis y que la peor receta es el continuismo y el despilfarro.
En la pasada huelga general del 29 de marzo, la sexta de nuestra democracia, los convocantes llamaban a los trabajadores a protestar y pedir un cambio en la reciente reforma laboral aprobada. La del 14 de noviembre carece de motivación laboral, y por tanto no se hace para defender a los trabajadores, sino para atacar al Gobierno del PP.
El Gobierno y su presidente son conscientes de que están tomando decisiones que no gustan a mucha gente, pero lo hacen porque no queda otro remedio, y porque con ello se sientan las bases para la recuperación de la economía.
El grueso de las medidas adoptadas para corregir el déficit ya se han adoptado y surtirán efecto durante los dos próximos años, con lo que hay que destacar lo inoportuno y carente de motivos de un paro como el que se ha anunciado.
En Andalucía, hemos asistido a un espectáculo bochornoso, y es que cuando se convocó una huelga general contra el Gobierno del expresidente Zapatero, Griñán declaró que no se cambiaban las fechas de un pleno que coincidía con la huelga porque “la democracia ni se paraliza ni se suspende”. Ahora Griñán hace el ridículo cambiando, como quiere su muleta de gobierno Izquierda Unida, la fecha del Pleno del Parlamento andaluz por coincidir de nuevo con el día de la huelga general.
Y es que ahora son otras las circunstancias, y hasta las instituciones pone Griñán al servicio de los intereses partidistas y para no enfadar al socio, que es el que le permite estar en el Gobierno tras haber perdido las elecciones.
Los trabajadores tienen derecho constitucional a hacer huelga, pero los poderes públicos e instituciones como el Parlamento no pueden cambiar fecha de reunión porque se haya convocado una huelga. Es una gravísima y lamentable equivocación que el PSOE andaluz ceda al chantaje y se sume a esta solicitud porque lo pide una minoría radical de Izquierda Unida.
Es lamentable que se ponga al servicio de IU una institución en la que se representa a todos los andaluces, donde se elaboran las leyes comunes, donde se representa el Estado de Derecho y donde está representada la libertad.
En definitiva, si hay motivos para el desencanto, la protesta o la contestación, existen otras posibilidades para alzar la voz y dejarse oír, pero el país no está para huelgas. La huelga no sólo no está justificada, sino que genera pérdidas, destruye empleo, merma productividad y competitividad en nuestras empresas, retrasa la salida de la crisis, no ayuda a generar confianza en nosotros y nuestras posibilidades, daña considerablemente nuestra imagen exterior, estigmatiza a nuestra economía, nos pone en el punto de mira de nuestros prestamistas, nos aleja de los posibles inversores y de nuestra recuperación, provoca división y enfrentamientos entre los trabajadores, perjudica a infinidad de ciudadanos en su movilidad y en su economía, hunde a nuestros comerciantes y autónomos en un solo día y provoca una frustración generalizada en la sociedad.
Las huelgas generales tienen siempre el objetivo de parar el país ¿Pueden España y Andalucía permitirse hoy ese lujo? La respuesta es NO.
