La Junta va a provocar que dejen de prestarse servicios sociales básicos si continúa con sus impagos a las Corporaciones Locales, que ya suponen 1.000 millones de euros
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Las millonarias cantidades que la Junta de Andalucía adeuda a los Ayuntamientos y Diputaciones en concepto de políticas sociales suponen un recorte drástico por la vía de los hechos para las entidades locales, administraciones más cercanas al ciudadano y a las que éstos acuden para pedir la prestación del servicio. Así, vía convenio, la Junta pide a las entidades locales que se hagan cargo de las prestaciones de servicios sociales, pero pasa el tiempo, siguen dando el servicio, pero la Junta deja de transferir la parte pactada por convenio.
La Junta de Andalucía, mediante la eliminación de programas e impagos en servicios sociales básicos y especializados está recortando, según algunos cálculos, más de 1.000 millones de euros, prestaciones que están soportando las entidades locales, esto es, ayuntamientos y diputaciones provinciales.
Esto supone, por un lado, una clara dejación de funciones por parte del gobierno andaluz en el apartado del bienestar social y de la atención a las personas más vulnerables de nuestra Comunidad, lo que resulta verdaderamente preocupante para el futuro de los derechos sociales y la atención social en Andalucía. Por otro lado, supone un lastre económico y un elemento de asfixia financiera para las maltrechas haciendas locales de Ayuntamientos y Diputaciones, que se ven obligadas a asumir y financiar el desarrollo de estas competencias sociales sin un presupuesto que es de obligado cumplimiento transferir por la Junta.
Entre los servicios sociales impropios que están desarrollando las entidades locales sin que la Junta de Andalucía haya transferido ni un solo euro, están los de ayuda a domicilio del Plan Concertado, los equipos de tratamiento familiar, que se dedican a trabajar con menores, programas de refuerzo a la Ley de Dependencia, los convenios para reforzar temas de inmigración, la gestión de residencias de acogidas de menores, guarderías, residencias de mayores, de personas con alzheimer, centros de drogodependencias, residencias de personas con inmigración o los programas de envejecimiento activo, o el desarrollo de la Ley de Dependencia, entre otros.
Resulta completamente irónico que, con estas actitudes políticas, PSOE e IU pretendan enarbolar la bandera de las políticas sociales, cuando ni las pagan, ni las asumen.
Se rompe así una tradición histórica de cooperación y lealtad entre las administraciones, con una Junta de Andalucía que pretende utilizar a los Ayuntamientos como meras entidades financieras, y poniendo además determinados servicios sociales básicos al borde de la paralización.
Desde el PP Andaluz exigimos que el gobierno de Griñán y Valderas adopte de forma urgente un calendario de pago de estas deudas con las Corporaciones Locales, y que asuma las competencias en política social que le otorga el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
